Bolipuerto

Privan de Libertad a vicepresidente de Bolipuertos por adquisición irregular de embarcaciones

El Tribunal no acordó el congelamiento de cuentas e inmovilización de bienes solicitado por el Ministerio Público

                                                                                                                                                  

El Ministerio Público logró privativa de libertad para el vicepresidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Antonio González, y dos inspectores navales adscritos a la citada dependencia estatal y al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, por su presunta responsabilidad en una compra irregular de tres embarcaciones de gran velocidad a empresas españolas.

Esta situación data de finales del año 2013 y fue denunciada por autoridades de Bolipuertos el 23 de enero del 2015. Por este hecho también fue imputado otro inspector.

Los fiscales 93º y auxiliar nacional, Rubén Contreras y Tayifo Rodríguez, respectivamente, imputaron a González por ser el presunto autor en los delitos de peculado doloso, concierto con contratista y evasión de procesos licitatorios.

Por su parte, los inspectores Wilfredo Urbáez, Armando Larrazabal y Luís Pagua fueron imputados por ser facilitadores en los dos primeros delitos.

Tras ser evaluados los elementos de convicción presentados por los fiscales, el Tribunal 10º de Control de Área Metropolitana de Caracas (AMC) dictó medida privativa de libertad contra González, Urbáez y Larrazabal, quienes fueron remitidos a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en El Helicoide.

Mientras que a Pagua se le acordaron medidas cautelares consistentes en la presentación cada ocho días ante la citada instancia judicial, asimismo, la prohibición de salida del AMC y del país, esto debido a sus 75 años de edad.

Adicionalmente, los fiscales del caso solicitaron la medida de bloqueo e inmovilización de las cuentas y los bienes de los hoy imputados, sin embargo, el mencionado Tribunal se negó a acordar esta medida.

El 23 de enero del 2015, autoridades de Bolipuertos denunciaron ante el Ministerio Público que estas personas, a finales del año 2013, habrían autorizado la adquisición irregular de tres naves a empresas españolas.

Es importante destacar que desde que las unidades llegaron al país presentaron fallas mecánicas, razón por la que no pudieron operar como se tendría previsto, en la ruta de Puerto la Cruz – Punta de Piedra, recorrido entre los estados Anzoátegui y Nueva Esparta.

Luego de diversas diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público se logro determinar la vinculación de González, Urbáez, Larrazabal y Pagua con este hecho.